Quien mal empieza, ¿acaba
bien?
El resultado de las elecciones fue desalentador. La mayoría obtenida
era insuficiente para gobernar y, en aquel momento, esto parecía
preludio de un gobierno débil y problemático (y así
lo entendieron los mercados financieros). La posibilidad de un pacto parecía
remota, a la vista del desarrollo de la campaña electoral. Pero el
sentido común se impuso pronto, y el nuevo Gobierno pudo contar con
los apoyos necesarios para un programa con esperanzas de futuro.
El país vivía de unos presupuestos prorrogados, algo que
en principio parecía malo, pero que resultó útil para
que los socialistas primero, y los populares después, moderasen el
gasto. En las semanas siguientes, el nuevo Ejecutivo pareció no hacer
nada (excepto un recorte presupuestario de 200.000 millones), salvo, eso
sí, hacer declaraciones. Por fin, en junio llegó el primer
paquete de política económica, que sirvió para tomarle
la medida al nuevo gabinete: nada de reactivación; acciones liberalizadoras
y desreguladoras, de fomento del ahorro y de la inversión. Ninguna
actuación espectacular; pero sí medidas menores, con efectos
a largo plazo.
Luego, las vacaciones: tiempo para conjugar el verbo "hacer declaraciones"
en todas sus formas. Los españoles, estupefactos. En septiembre,
los Presupuestos Generales del Estado, con la Unión Económica
y Monetaria (UEM) como meta. Presupuestos austeros, más aún
cuando se afloraron 750.000 millones de deudas, que la UE aceptó,
generosamente, imputar a las cuentas de 1995, para no ponernos más
difícil la entrada en la moneda única.
Cómo es la nueva política
económica
Al cabo de un año, es ya relativamente fácil hacerse una
idea, quizá más impresionista que realista, de lo que pretende
ser la política económica del (ya no tan nuevo) Gobierno.
Objetivo primero y principal, entrar en el pelotón de cabeza de la
UEM, es decir, cumplir (sin pasarse) las condiciones señaladas en
el Tratado de Maastricht. Y, en el largo plazo, avanzar en la liberalización
y desregulación de nuestra economía. Con moderación,
claro, porque éste es un gobierno conservador, y los conservadores
son hoy más liberales que los socialistas, pero no demasiado liberales.
¿Cómo ha sido la política económica del gobierno
Aznar? Ortodoxa: quizá porque se lo pedía la ideología,
o quizá porque lo exigía la UEM. De la política monetaria
no han tenido que ocuparse, pues éste es el primer gobierno que,
desde el primer día, se encuentra con un Banco de España autónomo.
Ha sido, pues, la política fiscal la que ha dado muestra de ortodoxia.
Bueno, estrictamente hablando, de ortodoxia, no, porque lo que aconsejan
los expertos es practicar una política fiscal expansiva cuando la
economía pierde ritmo, y 1996 ha sido un año de crecimiento
bajo, y, pese a ello, la política fiscal ha sido restrictiva.
De todos modos, el Banco de España se encargó de bajar
los tipos de interés, para compensar la restricción presupuestaria.
Y, al final, ha quedado un año 1996 con un crecimiento decente. En
todo caso, hemos asistido a un cambio de ortodoxia: de la de crecer lo que
se pueda, a la de la estabilidad maastrichtiana, y de la ortodoxia socialista,
según la cual no se podía volver antes de ir (o sea, que hay
que gastar más antes de ponerse a gastar menos), a la del Pacto de
Estabilidad post-moneda única. ¡Oh, Europa!
La política económica del Partido Popular ha evitado el
enfrentamiento con los sindicatos, quizá para quitarse el sambenito
de la derecha montaraz, quizá para devolver la confianza a la población
con el pacto de las pensiones (a ver si se conseguía reanimar el
consumo), o quizá para evitar que los conflictos sociales pusiesen
en peligro el cumplimiento del programa de convergencia. El retraso en la
reforma laboral, en espera de un acuerdo entre sindicatos y patronal, ha
sido el precio pagado.
Ortodoxia, pragmatismo y prudencia, pues. Políticas tendencialmente
liberales, sí, pero sin pasarse. Y, en todo caso, controlando la
situación. Primero, como hicieron los socialistas, poniendo a hombres
de confianza en todas las instituciones y empresas públicas (y en
algunas privadas). Y segundo, reteniendo ese pellizco de poder que permite,
en un momento determinado, volver a controlar una situación (aunque,
es verdad, menos de lo que hicieron los socialistas). ¿Confianza
en la empresa privada? Sí, pero... sin desmantelar los poderes del
Estado.
¿Se han suprimido
las leyes de Murphy?
Decía el Sr. Murphy que si algo puede ir mal, irá mal.
No ha sido así en el primer año del Partido Popular. Más
bien han tenido la suerte de cara (y no siempre el mérito ha sido
suyo). La inflación ha bajado, gracias a la restricción practicada
desde hacía años, pero también gracias a un factor
nuevo: por primera vez en décadas, los mercados creen que España
va a tener una inflación inferior al 2%.
"¡Seréis como los alemanes!", nos dicen. Y nuestro
diferencial de intereses con Alemania se ha reducido como nunca. Es verdad:
¡ya somos "casi" alemanes!
No ha habido sobresaltos exteriores (salvo la subida del precio del petróleo,
que tampoco ha sido grave). Se ha recuperado el crecimiento fuera. Ha habido
tranquilidad en los mercados financieros. Dólar fuerte y marco débil
significa peseta estable (más bien fuerte) y tipos de interés
a la baja; menor coste, pues, de la deuda pública, y mejora del saldo
presupuestario (que, a pesar de todo, ha mostrado la debilidad en los ingresos
y la resistencia al control de los gastos). La bolsa, eufórica, ante
la expectativa de beneficios y la caída de los tipos de interés.
¿Un voto a favor de la política del gobierno? No necesariamente,
pero también el optimismo puede tener color político.
Pero las leyes de Murphy siguen en vigor. La tostada untada de mantequilla
aún está en el aire, y puede caer sobre la alfombra en cualquier
momento, en forma de rebrote del déficit público, de inflación
mayor a la esperada, de subida de tipos de interés americanos, de
caída de la bolsa (y entonces, ¿qué pasará con
las privatizaciones pendientes?)... O, simplemente, los mercados pueden
volver a dudar acerca de nuestra entrada a la primera en la moneda única
(y, en las últimas semanas, ya hemos visto cuáles son sus
efectos).
Los deberes pendientes
A corto plazo, lo que interesa a los mercados es si cumplimos o no las
condiciones de Maastricht. A largo plazo, lo realmente relevante es que
el Gobierno haga sus deberes. Porque los problemas de fondo siguen ahí,
quizá con un poco de maquillaje, pero nada más.
No es creíble, por ejemplo, que el gasto público se pueda
reducir de manera duradera sin reformas de la función pública,
de las pensiones (el pacto del año pasado es un parche, útil
para sacarse la foto con los dirigentes sindicales, pero no de cara al futuro),
de la financiación de la sanidad, de las empresas públicas...
Queda todavía por materializarse la reforma laboral.
Y todas esas reformas son palabras mayores. Y aún quedan por poner
en marcha muchas de las reformas anunciadas en junio de 1996, como la liberalización
del suelo y la de los colegios profesionales, o la publicación del
Reglamento de la actualización de balances (aunque al escribir estas
páginas se anuncia un nuevo paquete).
Todo esto puede llevarnos a la impresión de que el Gobierno ha
perdido el tiempo. Pero esto no parece ser verdad o, al menos, toda la verdad
(y no hay peor mentira que una verdad a medias). Se han llevado a cabo acciones
concretas, desde la firma del protocolo eléctrico (que ha permitido
una rebaja de tarifas, aunque aplazando la reestructuración del carbón)
hasta las discusiones aceleradas sobre las telecomunicaciones, el cable
o la televisión digital, o el nuevo pacto autonómico que,
con la cesión del 30% del IRPF, es un paso adelante en la línea
de la corresponsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas.
Pero, sobre todo, el Gobierno tenía para 1996 una estrategia,
ya explicada más arriba (Maastricht, la ortodoxia, la paz social,
etc.), y, más o menos, la ha cumplido. Quizás una parte de
la población esperaba otra política (más liberalización,
reforma laboral, privatización más decidida...) y se ha visto
defraudada.
En todo caso, el que formula la estrategia es el Gobierno, no los ciudadanos.
Lo que no obsta para que ahora urja avanzar en la línea de las reformas
pendientes: primero, porque se acaba el tiempo de gracia dado al nuevo Gobierno;
segundo, porque el juicio para entrar en la moneda única será
tanto más severo cuanto menos hayamos cumplido con nuestros deberes
y, tercero, porque nuestro éxito en la Europa de la moneda única
depende, en gran medida, de esas reformas. |
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La
política económica del Partido Popular ha evitado el enfrentamiento
con los sindicatos, quizá para quitarse el sambenito de la derecha
montaraz
Este
es un gobierno conservador, y los conservadores son hoy más liberales
que los socialistas, pero no demasiado liberales
Por
primera vez en décadas, los mercados creen que España va a
tener una inflación inferior al 2%. "¡Seréis como
los alemanes!", nos dicen
A corto
plazo, lo que interesa a los mercados es si cumplimos o no las condiciones
de Maastricht. A largo plazo, lo relevante es que el Gobierno haga sus deberes
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