España se aproxima al euro

El lanzamiento de la Unión Económica y Monetaria (UEM) está a la vuelta de la esquina, y éste es el año clave para saber si España estará en el grupo de cabeza a partir del 1 de enero de 1999. Para esto, debemos aprobar un examen que consta de cinco materias: inflación, tipos de interés, deuda, déficit público y tipo de cambio.

En los últimos meses nuestra economía ha experimentado claros signos de recuperación, tanto en términos de inflación como en el ajuste fiscal y endeudamiento, lo que ha provocado una ola de "euro optimismo" de que aprobaremos el examen de Maastricht. Un breve repaso a la situación de la economía frente a estos criterios, deja en claro que el optimismo es justificado.

Inflación

España y Grecia son los dos únicos países que actualmente no cumplen con el criterio de inflación.

Sin embargo, la evolución de los precios el año pasado en nuestro país, que alcanzó la tasa del 3,6%, permite ser optimistas. Las predicciones de inflación para el año en curso apuntan al cumplimiento de los límites exigidos por Maastricht, en un rango que fluctúa entre el 2,7 y el 2,9%. Esta estabilidad de precios podría verse afectada por la volatilidad de precios energéticos y el crecimiento de los salarios durante el año en curso. Este riesgo puede ser minimizado a través de reformas estructurales en los mercados de bienes y trabajo, que aumentarían la competitividad y permitirían un crecimiento no inflacionista acompañado de creación de empleo.

Tipos de interés

El criterio de tipos de interés no debe revestir dificultad. De hecho, en 1996 y lo que va de 1997 hemos observado sucesivas reducciones en los tipos de interés, provocadas por la reducción de la inflación, la reducción del déficit público y las expectativas de que España estará en la UEM. Sin embargo, este último elemento es volátil. Una reacción contraria de los mercados a la participación española en la UEM podría frenar la recuperación económica y hacer peligrar el cumplimiento de los criterios de convergencia.

Tipo de cambio

El cumplimiento del criterio de estabilidad del tipo de cambio se allanó con la ampliación de las bandas de intervención a ± 15% en 1993. En los último tiempos, la peseta se ha mantenido estable y el Banco de España ha intervenido sólo para evitar su apreciación con vista a la fijación futura respecto al euro. Esto puede cambiar a medida que nos aproximemos a la fecha de inicio de la moneda única, cuando los participantes de la UEM sean seleccionados y las tasas a las cuales las monedas se fijarán respecto al euro sean dadas a conocer. Los mercados pueden reaccionar a la incertidumbre generada por el proceso y atacar a las monedas percibidas como débiles.

Déficit público

Los presupuestos para 1997 muestran un ajuste que permitirá una aproximación a los criterios de Maastricht. Las predicciones del Gobierno y de la Comisión Europea apuntan a un déficit público del 3%. Sin embargo, instituciones como el FMI prevén una cifra del 3,4%, mientras que el Deutsche Bank apunta a un 3,7%. Las principales dificultades que enfrenta el Gobierno para poder alcanzar la meta prevista, son dos:

· Primero, sus proyecciones de ingresos fiscales están basadas en un crecimiento del PIB nominal del 6%, cifra altamente optimista que supone un crecimiento real de la economía española muy superior a la media europea.

· Segundo, las proyecciones están basadas en un fuerte control en el gasto, incluidos aquellos gastos que tienen carácter automático (por ejemplo, la Seguridad Social) y aquellos que el gobierno central no controla (Autonomías y Ayuntamientos). Si, a medida que avance el año, estos últimos se desvían de las previsiones, el Gobierno se verá obligado a ajustar el presupuesto para lograr el objetivo, con todas las dificultades políticas y económicas que esto implica.

Deuda pública

Finalmente, está el criterio de la deuda, el cual ­de acuerdo con las proyecciones de la Comisión Europea­ lo cumplirían sólo Francia, Luxemburgo y el Reino Unido. Este hecho, sumado a que España es uno de los países con una menor proporción de deuda sobre PIB, hace que la posición de nuestro país no sea preocupante. Sin embargo, hay que recordar que el Tratado dice que, en caso de no cumplimiento, la proporción deuda/PIB debe ser decreciente. Las proyecciones de la Comisión Europea apuntan a una reducción en el caso de España; sin embargo, éstas serían menores que las de otros países.

Este breve repaso a la situación de España frente a los criterios de convergencia, deja un balance positivo. Contrariamente a lo que se podría haber dicho hace sólo un año, hoy en día la situación económica apunta a que es muy probable que España cumpla con los criterios establecidos en el Tratado de Maastricht. Sin embargo, en las últimas semanas han surgido voces, especialmente en Alemania y Países Bajos, que estiman que en la decisión final deben considerarse aspectos adicionales. El cumplimiento de los criterios de Maastricht sería una condición necesaria, pero no suficiente, para pertenecer al grupo de avanzada de la moneda única.

Pero el euro se aleja

Hasta ahora se entendía que los criterios para entrar a la moneda única se estipularon en el Tratado de Maastricht. Ahora parece que, debido a que existe el riesgo de aceptar en la primera ronda a países que han logrado acercarse a los criterios de Maastricht a través de ajustes de corto plazo, existe la necesidad de establecer criterios de estabilidad fiscal de largo plazo que no comprometan la estabilidad del euro desde su inicio.

Los argumentos esgrimidos por los proponedores de criterios adicionales se basan en que los tres criterios nominales ­inflación, tipos de interés y tipo de cambio­ pueden ser cumplidos sin problemas por la mayoría de los países. Las proyecciones de inflación y tipos de interés prevén que ­con la excepción de Grecia­ todos los países cumplirán estos criterios. A su vez, el criterio de estabilidad de tipos de cambio pasó a ser irrelevante desde que en 1993 se ampliaron las bandas a ± 15%. De hecho, el Reino Unido argumenta que este criterio no es válido, para así dejar abierta la opción de participar en la UEM.

En estas condiciones, se dice, los criterios relevantes para aprobar el examen son los fiscales. Sin embargo, son éstos los que se prestan a una mayor ambigüedad en su interpretación, de acuerdo con el Tratado. Así, por ejemplo, en el artículo 104 C se establece que el criterio de déficit público se considera aprobado si éste ha descendido "sustancial y continuadamente" y se "aproxima" al valor de referencia o lo sobrepasa "excepcional y temporalmente". De igual manera, el criterio de deuda pública requiere que disminuya "lo suficiente" y se "aproxime a un ritmo satisfactorio".

La ambigüedad de los criterios se ha visto exacerbada por el comportamiento de la Comisión Europea, organismo que, junto al Instituto Monetario Europeo (IME), tiene el mandato de evaluar el cumplimiento de los criterios de convergencia. La Comisión ha permitido que los países realicen todo tipo de malabarismos contables. Así, de los múltiples artificios presupuestarios propuestos por Bélgica, España, Francia e Italia, entre otros, la Comisión sólo ha bloqueado una iniciativa belga. Y en septiembre del año pasado aceptó la más aberrante de todas, en la cual France Télécom paga al Gobierno francés una suma aproximada al 0,5% del PIB por el traspaso de las pensiones de sus trabajadores, permitiendo una disminución significativa del déficit público corriente.

De momento, no parece que a los mercados financieros les preocupe demasiado este proceder, y el diferencial de tipos de interés con los tipos de referencia alemanes se ha reducido notablemente en todos los países. Sin embargo, la ductilidad de criterios, en la que todos los países son candidatos potenciales de la UEM, puede ser vista en los mercados de capitales como un signo de la futura debilidad del euro. No es de extrañarse, entonces, que autoridades de bancos centrales ­especialmente de Alemania y Países Bajos­ estén nerviosas con esta perspectiva.

Una muestra del nerviosismo alemán es que haya propuesto el Plan de Estabilidad, recientemente aprobado, el cual establece restricciones al tamaño de los déficit fiscales de los países miembros una vez dentro de la UEM.

Además, las autoridades del Bundesbank han sido tajantes en anunciar sus preferencias por una UEM de dos velocidades.

Debido a esto, es muy probable que la decisión final de los participantes del sistema se base en negociaciones políticas y no en un escrutinio estadístico imparcial.

¿Cuáles son los escenarios?

Los escenarios más probables de estas negociaciones son los siguientes:

1. El primero es una interpretación flexible de los criterios de convergencia, aceptando a aquellos países que hayan mostrado un esfuerzo de ajuste fiscal. La participación española está asegurada en este escenario, en que sólo Grecia se quede fuera de la UEM. La probabilidad de este escenario es muy baja, debido a que cuenta con la dura oposición de Alemania.

2. Un segundo escenario es el de la interpretación estricta de los criterios de convergencia. Esta posibilidad depende crucialmente de si Alemania y Francia logran un déficit inferior al 3% del PIB durante el año en curso. Alemania tiene alto riesgo de no cumplir con tal objetivo, pues, a pesar que el Gobierno alemán proyecta un déficit de 2,9% para 1997, el incremento en el paro del último mes pone en duda esa proyección. Una interpretación estricta también complicaría la situación de Austria, Bélgica y Países Bajos, debido a que la deuda pública no está disminuyendo de manera sostenida y/o porque sus déficit están próximos al límite tolerado.

Si Francia y Alemania no cumplieran con los criterios de manera estricta, queda la posibilidad que la UEM se retrase por un período de un año, para permitir a los países poner en orden sus finanzas. Sin embargo, la incertidumbre que un retraso en el inicio de la UEM introduciría en los mercados pondría en peligro la recuperación económica europea y dificultaría aún más el cumplimiento de los criterios de convergencia.

3. El tercer escenario sería de consenso con dos velocidades: un grupo que entraría en 1999, y el resto lo haría antes del 2002. El grupo de avanzada estaría conformado por Alemania, Austria, Finlandia, Francia, Países Bajos, Irlanda y Luxemburgo. Los casos difíciles para llegar al consenso serían dos. Por un lado, estaría Bélgica que, a pesar de su alto nivel de deuda, recibiría el apoyo incondicional de Alemania. El segundo sería Italia que, a pesar de su esfuerzo por cumplir con los criterios de convergencia y a que es un miembro fundador de la Unión Europea, debería entrar en la segunda vuelta.

Un acuerdo respecto a que Italia se quedase temporalmente fuera seguramente implicaría que España y Portugal tendrían que hacer lo mismo. Si éste fuera el caso, estos países exigirían que se les asegure de antemano la entrada definitiva y el compromiso del Banco Central Europeo de intervenir para defenderles de ataques especulativos. Otras exigencias podrían incluir la reserva de uno a dos asientos en el Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo.

En definitiva, la participación de España en la UEM dependerá no de un escrutinio estadístico imparcial, sino de duras negociaciones políticas entre los distintos países.

Esto no significa que el esfuerzo desplegado para cumplir con los criterios de convergencia no haya sido importante y necesario; sin él no estaríamos negociando.

La incertidumbre de Madrid es mejor que la certeza de Atenas.

Contrariamente a lo que se podría haber dicho hace sólo un año, hoy en día la situación económica apunta a que es muy probable que España cumpla con los criterios establecidos en el Tratado de Maastricht

 
Los argumentos esgrimidos por los proponedores de criterios adicionales se basan en que los tres criterios nominales ­inflación, tipos de interés y tipo de cambio­ pueden ser cumplidos sin problemas por la mayoría de los países

 
Es muy probable que la decisión final de los participantes del sistema se base en negociaciones políticas y no en un escrutinio estadístico imparcial

 
La incertidumbre que un retraso en el inicio de la UEM introduciría en los mercados pondría en peligro la recuperación económica europea y dificultaría aún más el cumplimiento de los criterios de convergencia