Cada
época tiene su palabra de moda o su lema favorito. Quien repasara
las notas tomadas en los múltiples seminarios sobre gestión
de empresas a los que voluntaria o involuntariamente se somete,
y tuviera la paciencia necesaria para tabular los términos más
frecuentemente usados, vería que la moda de la distribución
corresponde al término "flexibilidad": la empresa, y con
ella el empresario, han de ser ante todo flexibles. ¿Para qué?
"Hombre, pues para adaptarse a un entorno cambiante", suele uno
contestar a quien pide explicaciones. Pero, ¿a qué viene tanta
preocupación por el cambio? Cualquiera diría que los últimos
doscientos años y en particular durante este siglo que ahora
termina han sido una mar en calma.
Tratemos, pues, de ver qué quiere decirse con eso de "un entorno
cambiante"; qué es lo que en el mundo en que se desenvuelve
la empresa ha cambiado; tratemos también de adivinar qué
dirección llevan esos cambios (si es que llevan alguna), para así
estar un poco sobre aviso y que los cambios no nos pillen por sorpresa.
Y para no acometer la tarea imposible de hablar de todo, centremos la reflexión
en tres aspectos que, sin duda, el lector considerará relevantes:
un fenómeno a escala mundial, para el que hemos inventado el término
"globalización"; otro, más propio de países
desarrollados, que es el papel cambiante del Estado en una economía
de mercado; y un tercero consecuencia en parte de los dos anteriores,
que es el papel de la empresa.
La "globalización"
"Vivimos en un mundo global", se dice a menudo, con cierto desprecio
por la semántica. Seguramente se quiere subrayar la percepción
de que la empresa está hoy, más que antes, afectada por sucesos
que se producen en lugares muy alejados del planeta.
El empresario español procura informarse de lo que ocurre en países
como Japón o Argentina, aunque quizá no tenga relaciones directas
con ninguno. Pues bien, esta impresión corresponde, en parte, a un
cambio real; en parte, también, a un mero sentimiento.
Un cambio real
Si ese fenómeno de globalización es objetivo, debe reflejarse
en los datos, y éstos nos dan una respuesta ambigua. Por lo que se
refiere a los movimientos de mercancías y servicios al comercio
internacional, no hay duda de que los últimos cincuenta años,
a contar desde el final de la segunda guerra mundial, han sido el escenario
de un crecimiento notable de los flujos comerciales entre países,
que han crecido sistemáticamente por encima del producto interior
bruto (PIB).
Pero incluso después de ese crecimiento, no es cierto que exportaciones
e importaciones representen una parte mucho mayor de la actividad económica
que hace cien años: antes de la primera guerra mundial.
En países como Francia y el Reino Unido, las exportaciones de mercancías
representaban un porcentaje mayor del PIB del que representan hoy.
En realidad, si hoy nos parece vivir en un mundo nuevo es por el recuerdo
del período de entreguerras, cuando las economías avanzadas,
empezando por la norteamericana, cerraron sus fronteras en un intento de
mantener su nivel de ocupación. A título de ejemplo, recordemos
que el año en que el peso de las exportaciones españolas alcanzó
su mínimo histórico fue 1931 y no 1940.
Con todo, la eliminación de las barreras comerciales impulsada
sobre todo por Estados Unidos a partir de 1945 ha dado tan buenos frutos
para todos los participantes, por lo menos entre los países avanzados,
que no es aventurado suponer que seguiremos avanzando en esa dirección.
Por tanto, el empresario y en particular el empresario español,
no debe incluir el regreso a la autarquía entre sus escenarios.
La globalización abarca, sin embargo, algo más que los meros
movimientos de mercancías y servicios. ¿Qué hay de
la libertad de movimientos de capital? Cierto: desoyendo los consejos de
Keynes que ya no estaba aquí para insistir en sus argumentos,
los países avanzados, y algunos que no lo están tanto, han
ido liberalizando la cuenta de capital de sus balanzas de pagos y hoy es
fácil desplazar el dinero adonde uno quiere.
Pero así como el veredicto sobre los beneficios de la liberalización
del comercio es favorable, hay que ser más cauto por lo que a los
movimientos de capital se refiere: los datos muestran que, en el período
1980-1996, aquellos movimientos de capital a corto que constituyen compraventa
de bonos y acciones han crecido a un 25% anual, y los de divisas al 24%
anual, de modo que, juntos, representan la casi totalidad de los movimientos
de capital en un momento cualquiera del tiempo.
Por el contrario, la inversión exterior directa que era la principal
justificación de la libertad de movimientos de capital, porque permitía
que el ahorro buscara las oportunidades más favorables de inversión
en todo el mundo y daba acceso a los países menos desarrollados al
ahorro de los países ricos, sólo ha crecido al 7% anual,
hasta el extremo que en algunos países, como los Países Bajos
o el Reino Unido, las inversiones directas acumuladas en el exterior son
hoy, en porcentaje del PIB, la mitad de lo que eran a principios de siglo.
Como, por otra parte, los movimientos de capital han contribuido a agravar
las consecuencias de políticas económicas desacertadas en
más de un país, hay quien empieza a decir que la libertad
de movimientos de capital presenta un riesgo cierto si así puede
decirse y un beneficio dudoso.
No nos extrañemos, pues, de la aparición de propuestas de
limitación de esos movimientos, aunque es poco probable que en las
circunstancias actuales, dichas propuestas puedan llevarse a la práctica.
Recordemos, en fin, que si la globalización se extiende a bienes,
servicios y capitales, no parece afectar mucho a las personas. Nadie prevé
una intensificación de los flujos migratorios hacia las economías
avanzadas. (Naturalmente, a nadie se le ha ocurrido pensar en emigraciones
masivas de países ricos a países pobres.)
Los movimientos de población son hoy mucho menos intensos que a principios
de siglo, e incluso que hace quince años. Ni siquiera en países
receptores como Alemania llega hoy el flujo anual de inmigrantes a representar
el 1% de la población; en países como Estados Unidos o Francia,
está en torno al 0,3%.
Así, pues, los datos nos sugieren que la globalización no
es un fenómeno tan nuevo ni tan generalizado como suele decirse;
y el empresario hará bien en mantener la cabeza fría cuando
se le sugiera tal o cual cosa en nombre de "las exigencias de la economía
global", expresión que no significa casi nada.
Por otra parte, la sensación de globalización está
presente, y no es menos real por no estar sólidamente basada en los
hechos: el empresario deberá, pues, seguir atentamente ese "sentimiento
del mercado", porque sabe que, en economía, las impresiones
son a menudo más poderosas que las cifras.
Este proceso de integración entre las economías del planeta
presenta muchas incógnitas, entre las que merece la pena señalar
dos, que pueden terminar siendo puntos de conflicto: la formación
de grandes bloques aislados y la convergencia entre países ricos
y países pobres.
El Cuadro 1 muestra cómo el 71,6% del PIB mundial es producido por
tres grandes bloques: dos de tamaño parecido, Estados Unidos y la
Unión Europea, y otro algo menor, Japón.
Tres economías cerradas
Observe el lector cómo, a pesar de tanta globalización, el
mundo económico está dominado por tres grandes economías
cerradas: la última columna nos indica, por ejemplo, que la Unión
Europea produce el 80% de lo que consume; Estados Unidos, el 83%, y Japón,
el 86%. Si esto sigue así, ¿no corremos el riesgo de crear,
no un mundo integrado, sino un mundo polarizado en torno a tres focos, como
en el "1984" de Orwell? No cabe duda de que ésta es una
cuestión que hay que tener presente, por mucho que hoy no sepamos
darle respuesta, y es posible que fenómenos como NAFTA o Mercosur
confirmen esa tendencia.
Hay otra posibilidad de polarización: entre ricos y pobres. Los tres
grandes bloques, que producen casi las tres cuartas partes del PIB, sólo
contienen un 15% de la población mundial; el 85% está en el
resto del mundo.
Naturalmente, para ser sostenible, el proceso de integración económica
debe beneficiar a todos (aunque no sea por igual); no deberían aumentar
las distancias, hoy ya enormes, entre los países más ricos
y los menos afortunados.
¿Podemos esperar que esto sea así en el futuro? ¿Podemos
esperar que se dé una convergencia sostenida de los niveles de renta
per cápita de los países más pobres hacia los de los
más ricos? La respuesta es, no: por tomar un ejemplo, un estudio
reciente estima que la renta per cápita de los países más
ricos era 8,7 veces superior a la de los más pobres en 1870, 38 veces
superior en 1960... ¡y 45 veces superior en 1990!
Tampoco en este caso se trata de hacer predicciones; basta con recordar
que no hay nada que garantice la convergencia, y que ésta es, sin
embargo, una condición necesaria para un mundo en paz. Por lo que
se refiere a la desigualdad dentro de países y regiones, el lector
puede echar una ojeada al Cuadro 2, que muestra la proporción de
la renta total que corresponde al 20% más pobre (Q1) y al 20% más
rico (Q5) en las grandes regiones del mundo, para comprobar lo mucho que
queda por hacer y lo poco que parece haberse conseguido en treinta años.
El papel del Estado
Éste es otro aspecto en que el entorno de la empresa ha cambiado
mucho, pero quizá no tanto como se dice. A juzgar por lo que uno
lee en los periódicos, el Estado está en vías de extinción,
¡y ya era hora!, porque son aquellos países en que más
se ha reducido el Estado los que muestran una mejor salud económica.
Son éstos, por consiguiente, un ejemplo a imitar.
Lo que nos dicen los datos es muy distinto: el peso del sector público
en el PIB no ha dejado de crecer en los últimos cuarenta años,
pese a que unos y otros juran y perjuran que su más ferviente deseo
es el de liberar al sector privado de la carga estatal.
¿Es esto una contradicción? Lo sería, si no fuera porque
ha durado tanto tiempo: después de cuarenta años, una contradicción
pasa a formar parte de la estructura social.
Lo cierto es que el Estado ha dejado de ser considerado capaz de llevar
a cabo ciertas funciones, por una parte (planificación y empresa
pública); pero que, por otra, otras seguirán presentes en
el futuro previsible (regulación y redistribución), aunque
seguramente con características distintas.
Cuando se fundó el IESE, la planificación indicativa vivía
su mejor momento, en España y también en Francia ¡no
hace tanto tiempo!. Es más: diez años antes, cuando Adenauer
accedió a la Cancillería de la República Federal Alemana,
las elecciones que le dieron la victoria se centraron en el dilema economía
planificada-economía de mercado.
Recordemos, finalmente, que no hace más de quince años la
empresa pública ocupaba una posición central en nuestra industria,
y que la comparación entre empresa pública y empresa privada
era objeto de serios debates.
¿Qué queda de todo esto? De la planificación, nada;
de la empresa pública, casi nada. Aunque las razones de esa transformación
son menos sencillas de lo que parece, pueden resumirse en una: la planificación
se percibe como un estorbo en una economía con mercados bien organizados;
y las empresas públicas cuyos resultados resisten la comparación
con los de las empresas privadas son excepciones honrosas, pero no muy abundantes.
Tal es el consenso sobre la superioridad del mercado y de la empresa privada
como marco e instrumento, respectivamente, de una buena asignación
de recursos, que no es difícil predecir que, salvo catástrofes
imprevisibles, la economía irá otorgando un papel cada vez
más central a uno y otra.
Esta desaparición del Estado como planificador y como productor hace
que a veces pueda parecernos que el sector público se bate en retirada.
Pero el Estado tiene otras funciones (porque la sociedad se las otorga),
y ésas no están en trance de desaparecer: el Estado es también
un regulador y un garante de la equidad o justicia social.
Regulación y desregulación
Uno tiende a identificar regulación con burocracia, y a pensar, por
tanto, que cuanta menos regulación haya, mejor. Ésta es una
conclusión apresurada: por una parte, cierta regulación es
indispensable para preservar la competencia y, sin ella, los beneficios
de la economía de mercado corren el riesgo de desaparecer. Por
otra, mediante la regulación, el Estado persigue otros objetivos:
proteger al consumidor, evitar situaciones de indefensión o promover
una mayor equidad.
La primera clase de regulación aquella destinada a preservar
la competencia irá, sin duda, en aumento: la privatización
de servicios con ciertos elementos de monopolio en el sector eléctrico
o en las telecomunicaciones obliga a regular el mercado para evitar
abusos por parte del monopolista, hoy privado como, por ejemplo, mediante
la obligación de dar acceso a las redes a posibles competidores.
La regulación es asimismo necesaria para prohibir prácticas
contrarias a la competencia, que el empresario tiene incentivos para adoptar.
Así, por ejemplo, la prohibición de acuerdos entre productores
o de venta por debajo del coste.
Finalmente, en la medida en que puede presumirse, no siempre con razón,
que la competencia efectiva requiere un número mínimo de participantes,
el Estado se reserva la potestad de no autorizar determinadas fusiones o
concentraciones. Todas estas regulaciones son necesariamente burocráticas
y engorrosas: pero hay que desear que se mantengan, aunque cualquier simplificación
en los procedimientos sería bien venida.
Otras clases de regulación sufrirán, seguramente, evoluciones
diversas, porque su razón de ser es a menudo dudosa: puede uno presumir
de que el consumidor está cada día mejor informado y que,
por tanto, no necesita tanta protección: pero, ¿basta esto
para permitir que una entidad aseguradora pueda redactar sus pólizas
como le parezca? ¿Llegaremos a hacer innecesaria la colegiación
para los médicos, o sólo para los directores de bandas civiles
de música? ¿Confiaremos exclusivamente al mecanismo de mercado
la consecución de los objetivos de medio ambiente que la sociedad
se propone? Ya se ve que es imposible dar una misma respuesta a todas estas
preguntas: con todo, sería deseable que la regulación destinada
a proteger al consumidor no tomara a éste por más tonto de
lo que es: si así ocurre, quizá veamos en el futuro una regulación
más sencilla.
Para terminar, una buena parte de la regulación persigue objetivos
de equidad. Por ejemplo, la legislación laboral está dirigida
a proteger al trabajador, al que se considera en una situación de
indefensión frente al empresario, mucho más poderoso.
El futuro de esa clase de regulación depende de la mutua confianza
entre empresario y trabajador: todos sabemos que el empresario tiene interés
en aligerarla; pero no está demostrado que esa simplificación
vaya también en beneficio del trabajador. El resultado dependerá,
pues, del poder de persuasión del empresario, y éste es, sin
duda, uno de los mayores desafíos que se presentan al ejecutivo de
hoy.
Redistribución
La redistribución es, con la regulación, la actividad que
explica el crecimiento del Estado: en los países de la OCDE, mientras
el consumo público aumentó en un 15% su participación
en el PIB entre 1960 y 1990, los gastos sociales la aumentaron en un 85%:
así, pensiones, sanidad y desempleo constituyen hoy la mayor parte
del presupuesto público en todas las economías como la nuestra,
y no se ve un límite a su crecimiento.
Esta evolución afecta no sólo al ciudadano, sino también
al empresario: en efecto, la mayor parte de esos gastos sociales se financian
con impuestos sobre el trabajo (ello significa, dicho sea de paso, que la
redistribución se limita a reducir las rentas del trabajo más
elevadas para aumentar las rentas del trabajo más bajas). Así,
un aumento del gasto social termina por repercutir en un aumento del coste
laboral unitario; y puede, por ello, erosionar la posición de la
empresa en el mercado.
No es aventurado vaticinar que durante los próximos años habrá
que poner algún límite a la actividad redistribuidora del
Estado. El empresario deberá participar activamente en la discusión:
él es quien ha de decir hasta dónde se puede llegar sin poner
en peligro el funcionamiento de la economía.
El papel de la empresa
Nadie niega hoy que la empresa privada sea una forma eficaz de organizar
la producción, y el mercado un marco eficaz para la asignación
de recursos. Nadie niega que una empresa bien llevada sea la que presenta
una buena cuenta de resultados: ésta nos indica que la empresa está
desempeñando bien su papel. Pero, ¿cuál es ese papel
que la sociedad le otorga?
Para contestar a la pregunta, remontémonos hasta 1945, fecha que
bien puede llamarse el "nadir" del capitalismo europeo. En aquel
año, el gobierno laborista de Attlee decidió nacionalizar
la industria pesada británica, mientras De Gaulle hacía lo
propio con la francesa. ¿Por qué? Escuchemos a De Gaulle,
poco sospechoso de socialismo: "El Estado dijo debe estar
en posesión de las palancas de mando (de la economía); las
clases privilegiadas pueden retirarse: se han descalificado ellas mismas".
El empresario privado francés como el británico
no había cumplido con su función social: crear una industria
moderna, capaz de dar empleo productivo a la población trabajadora:
el Estado se veía obligado a sustituirle.
Crear riqueza y empleo
Los tiempos han cambiado mucho, pero esa función social ese
contrato social, si quiere el lector sigue vigente: en una sociedad
como la nuestra, lo que legitima el papel del empresario es crear riqueza
creando empleo. No hay que olvidar, desde luego, la creación de riqueza:
sin ella, no hay empleo productivo. Pero es necesario que el empresario
se proponga explícitamente elegir, entre las alternativas que se
le presentan, aquella que genere más puestos de trabajo. Frente a
esta necesidad, no vale invocar las exigencias de la globalización:
primero, porque ya hemos visto que no son para tanto; y también porque,
en 1945, los empresarios franceses estaban cargados de buenas razones, que
no les valieron de mucho. Esta preocupación por los resultados-con-empleo
debería servir de guía a la tarea del empresario en el futuro
inmediato.
Si el entorno ha cambiado, el empresario no debe sentirse privado de puntos
de referencia, porque algunas ideas, ya antiguas, mantienen su validez bajo
la superficie. Para demostrarlo, nada mejor que terminar con esta cita de
W. Röpke, uno de los "ordoliberales" que inspiraron el milagro
alemán: "Una economía de libre mercado en estado puro,
basada en la competencia, no puede flotar en un vacío social, político
y moral; debe ser preservada y protegida por un sólido marco social,
político y ético. La Justicia, el Estado, las tradiciones
y la moral, unos valores éticos firmes (...) son parte integrante
de ese marco, como lo son las políticas económicas, sociales
y fiscales que, fuera de la esfera del mercado, equilibran intereses, protegen
a los débiles, frenan a los inmoderados, rebajan los excesos, limitan
el poder, fijan las reglas del juego y velan por su observancia."
¿Debe ser el objetivo de
una empresa crear empleo?
Me pide la Redacción de la Revista de Antiguos una breve réplica
al interesante artículo del profesor Alfredo Pastor. Como no puedo
estar en desacuerdo con los acertados mensajes centrales de su contribución,
en aras de fomentar el debate me centraré en una cuestión
que Alfredo trata sólo marginalmente. Probablemente tampoco en esto
discrepemos, pero considero que me-rece la pena profundizar en el tema.
La pregunta podría ser: ¿Es necesario que el empresario cree
empleo para que obtenga una legitimación social? ¿Debe el
empresario proponerse explícitamente elegir las alternativas empresariales
que generan más puestos de trabajo?
Pienso que no. El empresario debe generar riqueza, y para hacerlo deberá
basarse en las contribuciones de las personas que sean necesarias, conjugando
esa participación con el uso eficiente de recursos productivos materiales
e inmateriales, como la tecnología y los capitales. ¿Debe
el empresario elegir la alternativa que emplea más personal? En el
contexto de economía de mercado en el que nos movemos, con niveles
cada día más elevados de competencia, me parece que no se
puede exigir al empresario que adopte decisiones de contratación
que pueden ir en detrimento de la eficiencia de la empresa. En último
término, dichas decisiones podrían poner en cuestión
la propia viabilidad de la aventura empresarial y, con ello, la de los puestos
de trabajo asociados.
Naturalmente, es bien sabido que la legislación laboral española
no favorece la contratación y, por tanto, inclina la balanza de la
decisión empresarial hacia alternativas que generan poco empleo.
La solución, sin embargo, no debe fundamentarse en el voluntarismo,
sino en un cambio legislativo que anime al empresario a contratar más
personal.
Si el empresario no tiene por qué modificar sus decisiones de inversión
favoreciendo el empleo, ¿significa esto que no debe asumir ninguna
responsabilidad en el tema de la ocupación? De ningún modo.
La figura del empresario constituye un pilar fundamental para el funcionamiento
armónico de un sistema de libre mercado. Su responsabilidad -ya lo
dice el profesor Pastor- es crear riqueza y, con ello, empleo.
La responsabilidad social del empresario en los sistemas económicos
occidentales es fundamental, puesto que el empresario constituye el agente
movilizador de los recursos productivos de la sociedad. Nuestra sociedad
puede y debe exigir al empresario una actitud proactiva, un alto grado de
dinamismo y voluntad de emprender. Se le debe exigir que no mantenga recursos
ociosos, que ponga a trabajar los recursos financieros de que dispone o
a los que tiene acceso, para crear riqueza, para ilusionar a los empleados
y colaboradores en proyectos empresariales que generen puestos de trabajo
enriquecedores. Los necesarios, ni más ni menos. Y ello no es tarea
menuda.
Jordi Gual
Profesor Agregado del IESE en el Departamento de Análisis Social
y Económico para la Dirección
|